Técnica Jurídica
Caso práctico presentado en la cátedra de Técnica Jurídica (modelo de resolución del caso)
CASO N° 4
Hechos:
Sofía Spatti, solicita
asesoramiento con relación a los posibles derechos hereditarios que le podrían
asistir respecto de su hija fallecida.
Refiere la recurrente que su
hija Stefanía Spatti, falleció en el año 2009, que se encontraba casada con el
Sr. Giuliano Antoni, y que contrajo matrimonio con el mismo en la ciudad de
Asunción en el año 1990.
El Sr. Giuliano Antoni inició
en el año 2010 el proceso sucesorio de su difunta esposa, donde fue declarado
único heredero en base a un testamento librado por instrumento público
redactado en Italia, que lo instituía como heredero. En base a dicho testamento
se adjudicó todos los bienes inmuebles situados en Paraguay en el mes de marzo
del 2011.
Analizado el expediente se
puede observar que el testamento fue redactado bajo las normas italianas, y que
han intervenido dos testigos. Asimismo, que el matrimonio se había
celebrado con el régimen patrimonial de comunidad de gananciales.
Cuestiones:
- ¿Es válido el testamento
redactado en el extranjero?
- ¿Sus disposiciones son
aplicables en Paraguay?
- ¿Existen derechos
hereditarios a favor de
- En su caso, identificar la o las acciones respectivas y redactar el escrito que corresponda.
DICTAMEN JURIDICO
En el presente caso, es imprescindible hacer
algunas precisiones, puesto que siempre es necesario disipar las posibles dudas
que, eventualmente podrían surgir en la presente cuestión, como por ejemplo ir
contestando de manera preliminar y de forma puntual las cuestiones planteadas.
Cuestión 1. El testamento redactado en
Italia es válido en el Paraguay. El Art.
22 del CCP establece que los jueces
nacionales deben aplicar de oficio las leyes extranjeras y el, Art. 23 del CCP, establece que la forma
de los actos jurídicos celebrados en el extranjero se rigen por la ley del
lugar de celebración.
Art 2609 y 2626 CCP: por lo que
dice este artículo se puede deducir que la validez del testamento es
indiscutible, desde el punto de vista que el mismo ya se le ha otorgado
trámite, desde la óptica que el problema establece o fija la pauta que el Sr.
Antoni fue adjudicado con los bienes de su difunta cónyuge. Además,
complementando con el Art. 2620 desde el aspecto que la ley dictamine al
momento del otorgamiento del testamento, y posteriormente lo aducido por el
Art. 603 del Código Civil italiano, a los efectos de conocer básicamente la
normativa del país extranjero, el cual se ha redactado el testamento en
cuestión.
Art. 22. “Los jueces y tribunales aplicarán de oficio
las leyes extranjeras, siempre que no se opongan a las instituciones políticas,
las leyes de orden público, la moral y las buenas costumbres, sin perjuicio de
que las partes puedan alegar y probar la existencia y contenido de ellas.
No se aplicarán las leyes extranjeras cuando las normas de este Código
sean más favorables a la validez de los actos.”
Naturalmente, las leyes extranjeras
pueden ser aplicadas al momento de la resolución de ciertos casos, pero con la
excepción que el mismo – derecho extranjero – no contravenga con el orden
público y las buenas costumbres, ya que lo principal que el magistrado debe
velar es por preservar las normas y garantías del proceso.
Art. 23. “La forma de los actos jurídicos, públicos o
privados, se rige por la ley del lugar de su celebración, salvo la de los
otorgados en el extranjero ante los funcionarios diplomáticos o consulares
competentes, la que se sujetará a las prescripciones de este Código.”
En este caso puntualmente, se
celebró conforme a la legislación italiana, por lo cual, desde el momento en el
que el mismo testamento es válido en dicho territorio, y produce sus efectos,
el mismo será válido siempre y cuando se ajuste a nuestra legislación al
momento que el mismo no se contraponga a lo establecido en el artículo
anterior.
Art. 2609. “La Ley del domicilio del
testador, al tiempo de otorgar testamento, rige su capacidad para testar.
La validez del contenido del testamento, se juzga según la Ley en vigor en el domicilio
del testador al tiempo de su muerte.”
Todo indica que la Sra. Spatti
contaba con la capacidad necesaria al momento de redactar el testamento, ya que
no hay indicios que así no haya sido, ya que la regla es la capacidad y la
excepción la incapacidad.
Art. 2626. “Los testamentos hechos en el territorio de la República deben ser
otorgados en alguna de las formas establecidas en este Código, sean paraguayos
o extranjeros los testadores.
El testamento hecho en el extranjero, sólo tendrá efecto en el país, si
fuese formalizado por escrito, y siempre que lo otorgare personalmente el
testador, de acuerdo con las leyes del lugar, o según la del país al que el
testador pertenezca, o según las formas prescriptas por este Código.”
Teniendo en cuenta el segundo
párrafo, el mismo es claro al momento que el mismo ha sido formalizado de forma
escrita, ha sido eventualmente otorgado por el testador y se realizó acorde a
la legislación extranjera, en este caso italiana, el mismo en líneas generales
reúne todos los requisitos ya que en principio, el Sr. Antoni fue adjudicado.
Art. 2620. “La validez del testamento,
en cuanto a la forma, depende de la observancia de la ley que rija al tiempo de
su otorgamiento”
Dicho testamento, al momento de su otorgamiento, se
encontraba acorde con la legislación extranjera y el mismo reunía todos los
requisitos pertinentes a los efectos de su validez en el ordenamiento jurídico
italiano.
Además se podría complementar con
lo que reza el Código Civil Italiano a los efectos de cubrir cualquier
posibilidad de lagunas al respecto en su Art.
603 que determina: “Testamento por acto Público.
El público será
recibido por el notario en presencia de dos testigos.
El testador, en
presencia de testigos, el notario declara su voluntad, que es por escrito por
el mismo notario. Esta lectura de la voluntad del testador en presencia de
testigos. En cada uno de estos trámites serán mencionados en el testamento.
La voluntad debe
indicar el lugar, fecha y hora de recepción de la suscripción, y ser firmado
por el testador, los testigos y el notario. Si el testador no puede firmar, o
puede hacerlo sólo con gran dificultad, debe declarar la causa, y el notario
debe ser mencionado antes de la lectura de esta declaración.
Por la voluntad de
los mudos, sordos o sordomudos se observan las normas establecidas por la ley
notario público de los actos de estas personas. Si el testador no es capaz ni
siquiera de la lectura hay que tener cuatro testigos.”
El ordenamiento extranjero es claro al exponer esas
formalidades, ya que define de forma clara y expresa la forma en la cual se
procederá al momento de la redacción de un testamento, así también el
testamento (ya dentro de nuestro ordenamiento jurídico) rige durante el tiempo
que siga el testador con vida, tal como se expresa en doctrina.
“El testamento
ordinario, hecho con todas las formalidades previstas por la ley vigente en la
fecha que fuera otorgado, tiene validez durante toda la vida del testador, toda
vez que no sea revocado por otro posterior…”
(Martínez, Eladio Wilfrido. Derecho Sucesorio en la legislación Paraguaya. Ed. La Ley. 3ra edición. Pag. 446).
Cuestión 2. Sus disposiciones son
aplicables en el Paraguay. Sin embargo
los Arts. 2597, 2598 y 2599 del CCP establecen que se debe respetar la legítima
de los herederos forzosos, fijando límites para la disposición del testador
sobre sus bienes. En base a los inmuebles que se encuentran dentro de la
República el Art. 2447 establece que se regirán por las leyes de la misma, como
así también complementado por lo que el Art. 25 establece en el mismo sentido.
Art. 2597. “La legítima de
los herederos forzosos es un derecho de sucesión limitado a determinada parte
de la herencia de la que no puede disponer el causante.”
El presente artículo es claro al exponer la
teoría de nuestro ordenamiento, en el sentido de la protección de los herederos
forzosos por medio de la institución de la legítima, cuyo principio, en esencia
no ha sido tenido en cuenta al momento de preterirla a la madre, es decir la
Sra. Sofía Spatti.
Art. 2598. “La legitima de los descendientes es de
cuatro quintas partes de la herencia.
La de los ascendientes es de dos tercios.
La del cónyuge, cuando no existan descendientes
ni ascendientes, es la mitad.
La legítima del adoptante y del adoptado será
la mitad de la herencia.”
Obviamente no todos los herederos
forzosos acuden en igualdad de condiciones en ese sentido la ley es clara ya
que establece además las diversas posibilidades en las cuales se podrían
presentar las situaciones, y desde el punto de vista que algunos herederos
excluyen a otros, es decir tienen mayor preferencia por tener un mayor grado de
parentesco con el causante de la sucesión.
Art. 2599. Para la determinación de las legítimas,
cuando concurren varios herederos forzosos, prevalecerá la legítima mayor.”
Como lo expresado en el artículo
anterior, algunos herederos excluyen a otros por el grado de parentesco que
poseen en torno al causante.
Art. 2447. “El derecho hereditario se rige por la Ley del último domicilio del
causante, al tiempo de su fallecimiento, sean nacionales o extranjeros sus
sucesores. Los inmuebles situados en el país se regirán exclusivamente por las
leyes de la República.”
Si bien es cierto, la ley admite el
derecho extranjero, la misma es muy clara al momento de establecer la
competencia de la misma en base a los inmuebles, ya que los derechos reales son
de orden público, y si se rigen por derecho extranjero, se estaría vulnerando
exactamente ese principio que intentan proteger las leyes nacionales.
Art. 25. “La sucesión legítima o testamentaria, el
orden de la vocación hereditaria, los derechos de los herederos y la validez
intrínseca de las disposiciones del testamento, cualquiera sea la naturaleza de
los bienes, se rigen por la ley del último domicilio del causante, pero la
transmisión de bienes situados o existentes en el territorio nacional estará
sujeto a las leyes de la
República ”.
Una vez más, la propia ley regula,
en este caso, el hecho de la transmisión de bienes situados en el territorio
nacional, por el mismo principio anteriormente expresado, ya que entra a tallar
el orden público.
Según la doctrina, la misma se
inclina por proteger las instituciones mencionadas anteriormente, es decir la
legítima, independientemente de la porción que pueda disponer el causante.
“Según Mafia es un derecho de sucesión sobre determinada porción del
patrimonio del causante protegido por la ley” ((Martínez,
Eladio Wilfrido. Derecho Sucesorio en la legislación Paraguaya. Ed. La Ley. 3ra edición. Pag. 388).
Cuestión
3. Existen derechos hereditarios a favor de la
Sra. Sofía.
CCP reconocen los derechos de los ascendientes, sin perjuicio de los del cónyuge
supérstite.
Art. 2584. “A falta de descendientes, heredan los
ascendientes, sin perjuicio de los derechos del cónyuge supérstite.”
Este artículo es muy específico y
claro, al mencionar de forma detallada que, de hecho, la Sra. Spatti, de por sí
posee un derecho hereditario, naturalmente, por el hecho de ser ascendiente del
causante de la sucesión, ya que la misma es su hija, prosiguiendo con el
análisis, evidentemente sin perjudicar el derecho que posee así también el
cónyuge supérstite.
Art. 2585. “Si el causante dejare padre y madre, lo
heredan por partes iguales, y si sólo hubiere uno de ellos, recibirá toda la
herencia.
En defecto de padre y madre, sucederán los ascendientes más próximos en
grado, por iguales partes, aunque fueren de distintas líneas.
La vocación hereditaria en la línea ascendente matrimonial o
extramatrimonial solo llega hasta el cuarto grado.”
En principio, el espirito del
artículo, o, lo que el mismo intenta reflejar es el mismo principio anterior,
con una mayor precisión de tal manera que no queden dudas al respecto y
establece así también, los mínimos detalles a ser tenidos en cuenta al momento
de la vocación hereditaria.
La doctrina establece en base a
criterios no solo terminológicos, sino también jurídicos la situación entre el
derecho instituido con el legítimo de tal manera a no suscitar posteriores
dudas al momento de su aplicación.
“la norma equipara
al derecho instituido con el legítimo, tanto así como con respecto a los
terceros” ((Martínez,
Eladio Wilfrido. Derecho Sucesorio en la legislación Paraguaya. Ed. La Ley. 3ra edición. Pag. 522).
Una vez más, en doctrina surge la disquisición entre la
situación del cónyuge, es decir, si este se equipara a la situación de un
pariente, si es así, en qué grado concurriría, o si es una figura propia, es
decir, que no tenga que equipararse propiamente a ningún heredero y que por esa
simple condición, ello le valga el derecho a, según el régimen patrimonial con
el cual contrajeron nupcias, recibir una parte específica dentro de la legítima
estipulada en la ley respecto del patrimonio del causante. Además de las
situaciones en las cuales se podría presentar el mismo en virtud a la sucesión
en cuestión.
“los esposos no son
parientes entre sí, son cónyuges… el matrimonio crea entre los esposos un
conjunto patrimonial integrado por los bienes propios de cada uno de ellos y
los gananciales generados durante la vida marital siempre que no se acuerde un
régimen patrimonial distinto”
El Art. 2588 del Código civil manifiesta: “El cónyuge que concurra con ascendientes o
descendientes, no tendrá parte a título de la herencia en los bienes
gananciales que hubieran correspondido al causante”. (Martínez, Eladio
Wilfrido. Derecho Sucesorio en la legislación Paraguaya. Ed. La Ley. 3ra edición. Pag. 348).
Luego de definir la situación en la que quedaría el cónyuge
supérstite, cabría resolver con que parte del patrimonio del causante quedaría,
teniendo en cuenta la institución del matrimonio y en base al régimen
patrimonial de los mismos y cual sería la de los ascendientes o descendientes.
“De acuerdo con el
art. 2588 al cónyuge supérstite le corresponde: a) retirar sus bienes propios;
b) recibir la mitad de los gananciales que como socio le pertenece c) heredar
los bienes propios del extinto en la proporción prevista por el código. Pero no
tiene parte en los bienes que le corresponden al causante si los otros
herederos concurrentes son descendientes o ascendientes (Martínez, Eladio
Wilfrido. Derecho Sucesorio. Pág. 358.)
Cuestión 4. La
acción que corresponde interponer para lograr el reconocimiento de los derechos
de la madre de la causante, según los Arts. 2510 y 2511 del CCP, es la acción
de Petición de Herencia Esta acción
prescribe a los diez años de la fecha en que el demandado entró en posesión de
la herencia (Art. 659 Inc C del CCP). Se
debe interponer ante el mismo Juez en lo Civil y Comercial que intervino en la
sucesión de Stefanía Spatti.
Art. 659. Prescriben por diez años:….. “c) la acción de petición de herencia. El plazo se computará desde que
el demandado entró en posesión de la herencia…”
Naturalmente, como toda acción, la misma posee
un período dentro del cual se debería interponer, de lo contrario el mismo
prescribiría, en este caso, el Código lo define de forma expresa, a tal forma
de tener por sentado el plazo esgrimido en este artículo.
Art. 2510. “Compete la acción de petición de herencia
para reclamar los bienes de la herencia detentados por quien los tiene a título
de sucesor del causante.”
Lógicamente, la ley determina
contra quien (en este caso, el código de fondo, posee atribuciones de forma, es
decir, legisla sobre el procedimiento, lo que luego es refrendado por el código
de forma) se debe interponer esta acción.
Art. 2511. Procede la
petición de herencia contra el que ha sido declarado heredero, sea para
excluirlo de la sucesión, o para ser reconocido como coheredero.
Asimismo, la ley de
igual forma la ley, siguiendo con el mismo lineamiento, determina de forma
expresa el momento y la situación en la cual se debe interponer la mencionada
acción.
Doctrina
Extranjera respecto a la cuestión
ECUADOR
Tendrá
validez en el Ecuador el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si en
lo referente a las solemnidades se hiciere constar su conformidad con las leyes
del país en que se otorgó, y si además se prueba la autenticidad del
instrumento respectivo, en la forma ordinaria.
El derecho
italiano consagra el derecho a la legítima en beneficio del cónyuge del
causante y de sus descendientes y ascendientes. Si existe un hijo, este tiene
derecho a la mitad de la legítima. Si tiene más de un hijo, estos tienen
derecho a dos tercios de la herencia. Si tiene cónyuge y un hijo, la legítima
es de dos tercios. En caso de que exista cónyuge y más de un hijo, la legítima
es de tres cuartas partes. Si sólo existen ascendientes, su legítima es de un
tercio. En el caso de que existan ascendientes y cónyuge, la legítima del
cónyuge es de la mitad y la de los ascendientes de una cuarta parte.
En cualquier caso,
la ley dispone que el cónyuge tiene derecho de vivienda con relación al
domicilio conyugal propiedad del causante o de ambos, así como un derecho de
uso y disfrute de los muebles que equipan la misma.
Los beneficiarios
de la legítima no pueden renunciar a la misma antes del fallecimiento del
causante. Nadie puede renunciar a una herencia antes del fallecimiento.
PRETERICION EN EL
CODIGO DE VELEZ SARSFIELD
Artículo 3715. ”La
preterición de alguno o todos los herederos forzosos, sea que vivan a la fecha
del testamento o que nazcan después de otorgado, no invalida la institución
hereditaria; salvada que sea la legítima y pagadas las mandas, el resto debe
entregarse al heredero instituido.”
Código Civil Paraguayo, respecto de la Preterición
Art. 2681. “La preterición de alguno de los herederos forzosos que viven o están
concebidos en el momento de la apertura de la sucesión anula la institución del
heredero, pero valdrán las otras disposiciones del testamento, salvo lo
dispuesto sobre la porción legitima. Si la preterición fuere de un heredero
renunciante, o excluido por indigno, será válida la institución testamentaria.”
Como lo indica
Eladio Wilfrido Martínez en su libro Derecho Sucesorio en la legislación
paraguaya, de la Editorial La Ley, año 2006, págs. 524 y 525. La preterición en
el derecho sucesorio es la omisión de uno o más de herederos forzosos en el
testamento.
Nuestro Código modifica
el Código de Vélez en cuanto incluye en la preterición al cónyuge, heredero
forzoso, para dar lugar al a anulación de la institución hereditaria; el Código
de Vélez sólo precautela los derechos “de los herederos forzosos de la línea
recta.”
Otra importante
innovación del Art. 2681 es la relativa al tiempo en que debe tomarse en cuenta
la existencia de los herederos forzosos omitidos: el Código de Vélez dice: que
la preterición se produce sea que los herederos forzosos “vivan al otorgarse el
testamento o que nazcan, muerto el testador”. Nuestro Código dispone: “La
preterición de alguno de los herederos forzosos que vivan o están concebidos en
el momento de la apertura de la sucesión anula la institución de heredero.
JURISPRUDENCIA
Tribunal: Tribunal de Apelación en lo Civil y
Comercial de Asunción, Tercera Sala
Fecha: 08/10/2010
Partes: Martínez, Constancio Rafael Marcelino
y otros c. Flecha, Nilsa s/ Petición de herencia. (Ac. y Sent. Nº 108)
Publicado en: La Ley Online;
Cita Online: PY/JUR/768/2010
Hechos:
La parte actora se agravia contra la
sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda de petición de herencia. El
Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, tercera sala, resuelve confirmar
la resolución recurrida e imponer costas en el orden causado.
Sumarios:
1. Debe rechazarse el recurso de nulidad interpuesto contra la
sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda de petición de herencia
cuando los recurrentes no tienen derecho a percibir en concepto de pensión los
haberes del causante, dado que corresponde su restitución total a las
instituciones respectivas.
2. Se ajusta a derecho la sentencia que hizo lugar parcialmente a la
demanda de petición de herencia cuando la vocación hereditaria de los actores
–hijos del causante– es concurrente y no excluye la vocación hereditaria de la
demandada, más aun cuando la calidad de causahabiente de ésta ha sido
reconocida por sentencia, la cual se encuentra firme.
3. Cabe confirmar la sentencia que hizo lugar parcialmente a la demanda
de petición de herencia cuando se acreditó que la compra de las mejoras se
produjo con posterioridad al inicio de la unión de hecho y no se agregó en
autos prueba suficiente que demuestre que el bien adquirido por el causante le
pertenece exclusivamente y es un bien propio del mismo.
4. La petición de herencia consiste en la acción iniciada para obtener
el reconocimiento de la calidad de heredero y para reclamar consiguientemente
los bienes de la herencia detentados por quien los tiene a título de sucesor
del causante.
5. La concubina, además de obtener la mitad de los gananciales,
concurrirá con los hijos en igualdad de condiciones, si el causante tuviere
bienes propios.
6. Se presumen gananciales todos los bienes de la comunidad conyugal
salvo prueba en contrario.
7. Corresponde imponer las costas en el orden causado cuando es
improcedente la imputación subjetiva de las costas a la concubina sobre la base
de la omisión de denunciar a los otros herederos dado que existe la posibilidad
de que su parte desconocía la existencia de los mismos al no tratarse de hijos
propios; siendo distinta la situación de la hermana coheredera, quien no puede
ignorar que tiene otros hermanos.
Texto Completo: 2ª Instancia.- Asunción, octubre 8 de 2010.
1ª) ¿Es nula la sentencia apelada?
2ª) En su caso, ¿se dictó conforme a
derecho?
1ª cuestión: La Dra. Buongermini
Palumbo dijo: Se presenta la parte apelante a fs. 697/704 a objeto de expresar
agravios contra la resolución recurrida. En cuanto al recurso de nulidad
manifiesta primeramente que la sentencia ha conculcado los incs. "b"
y "d" del art. 15 del CPC al contrariar el principio de congruencia y
pronunciarse más allá de lo peticionado por su parte. Expresa en el mismo
sentido que el a quo ha rechazado y condenado en costas cuestiones no
peticionadas, como el total de las sumas percibidas en el I.P.S. y Ministerio
de Hacienda por la Sra. Nilsa Flecha, considerando que tales sumas fueron
peticionadas únicamente como reserva a las resultas del juicio de nulidad de
matrimonio. Alega que en contraposición con el principio de congruencia ha
concedido algo que no fue objeto de petición -extra petita-. Más adelante
señala también como argumento para anular la resolución el hecho de que el juez
inferior fundamentó la sentencia basándose en una sentencia apelada aún no
firme y en una resolución de otro juicio.
La parte contraria presenta su escrito
de contestación a fs. 705/707 diciendo que la sentencia recurrida se encuentra
ajustada a derecho y conforme a lo solicitado por las partes, pese a lo
sostenido por la adversa. Expresa que la juzgadora tuvo en cuenta lo
recomendado por la Agente Fiscal al decir que el proceso se hallaba sujeto al
de nulidad de matrimonio, agregando como argumento de la sentencia lo resulto
en dicho juicio. Añade respecto de que el proceso se funda en constancias de
otro expediente, tal como lo manifestó la apelante, que lo resuelto por este
Tribunal no pudo haber sido soslayado por la inferior, porque de lo contrario
sembraría el caos jurídico. Por último
alega que en nada agravia a la parte apelante al establecimiento anticipado de
las hijuelas hereditarias, hecho por la juzgadora.
La procedencia del recurso de nulidad
tiene su base legal en el precepto dispuesto en el art. 404 del CPC que reza:
"El recurso de nulidad se da contra las resoluciones dictadas con
violación de la forma o solemnidades que prescriben las leyes". Podemos
decir entonces que necesariamente debe haber un vicio en lo que se refiera a la
forma o las solemnidades que las leyes dicten.
Los agravios vertidos por la apelante
hacen alusión precisamente a dos cuestiones: primero, a una supuesta violación
en el principio de congruencia y; segundo, e indebidos fundamentos utilizados
por la inferior para dictar el fallo. En cuanto a la alegada incongruencia, el
apelante afirma que la jueza inferior dictó la resolución excediéndose de sus
límites, al expedirse sobre cuestiones más allá de las solicitadas, que no
fueron objeto de petición. En tal sentido, lo que señala como error del a quo
es el pronunciamiento sobre las sumas de dinero que percibe la Sra. Nilsa
Flecha ante el I.P.S. y el Ministerio de Defensa, como cónyuge supérstite del
beneficiado -Sr. Felipe Martínez- en dichas instituciones. Ello, en razón de
que no fue objeto de petición al promover la demanda, y, aclara, que se han
mencionado tales haberes únicamente como reserva expresa a resultas del juicio
de nulidad de matrimonio.
Debemos remitirnos al escrito de promoción
de la demanda a fin de determinar cuáles fueron inicialmente las pretensiones
de la actora, que necesariamente han de demarcar el ámbito del decisorio del
fallo. De la lectura de dicha presentación constatamos que los demandantes
solamente han peticionado los haberes pensionarios "... ante el
reconocimiento del supuesto matrimonio aparente..." (fs. 106, párr. 1º).
En contraste con dicha petición "condicional" realizaba por la
accionante, la inferior se ha pronunciado al respecto, declarando la "…
adjudicación total de las sumas percibidas por la Sra. Nilsa Flecha Vda. de
Martínez como causahabiente por ante el I.P.S. y, el Ministerio de Hacienda, la
misma resulta improcedente…" (fs. 693, párr. 3º). En este orden de cosas
(…) respondería pues, la anulación de lo resuelto por la Jueza de primera
instancia en cuanto a la adjudicación de las citadas pensiones, en virtud del
art. 15 inc. d) del CPC, puesto que ello no ha sido objeto de petición por
parte de la actora, como vimos.
Sin embargo, como sabemos, para que el
recurso de nulidad prospere, debe haber un interés directo de la parte
nulidicente vinculado con los agravios que manifiesta. En este sentido,
devendría ilógico agraviarse de un interés ajeno, sin que existan repercusiones
perjudiciales a los propios intereses, pues, se estaría abogando en defensa de
intereses de terceros, lo que en materia procesal es inadmisible, salvo que se
invoque la representación legal o convencional de un sujeto, que no es el caso.
Aclaramos lo antedicho dado que la propia apelante, en la exposición de sus
agravios, afirma al mencionar lo referente a las pensiones en cuestión, que los
hijos mayores de edad -situación de sus mandantes- no tienen derecho a percibir
en concepto de pensión los haberes del causante. Aclara no obstante que:
"... corresponde su restitución total a las instituciones
respectivas..." (fs. 703, párr. 2º). De esta manera, vemos que la
recurrente se agravia de lo resuelto no en interés propio, sino indirectamente
en defensa de intereses de terceros -las instituciones respectivas-.
Consecuentemente, la nulidicente no tiene legitimación para pretender anular
esta parte del fallo lo concluido en la instancia inferior.
Seguidamente trataremos el segundo
argumento utilizado por la accionante para la procedencia del recurso.
Básicamente la recurrente se agravia que la sentencia apelada encuentra
fundamentos en una resolución de otro juicio y en una sentencia pendiente de
resolución por este Tribunal de Alzada. Al respecto conviene indicar que en el
recurso de nulidad se estudian errores o vicios del proceso -in procedendo- en
contraposición con la forma o las solemnidades que prescriben las leyes -art.
404 del CPC-, y, por el otro lado, en el recurso de apelación se examinan las
resoluciones en cuanto a sus posibles errores de juzgamiento -in iudicando-. El
argumento vertido aquí por la parte recurrente indefectiblemente refiere a los
fundamentos utilizados por el a quo en su juzgamiento, el cual debe ser
estudiado en el campo de la apelación.
Por consiguiente, y no existiendo otros
vicios o defectos que autoricen a declarar la nulidad de las resoluciones
recurridas de oficio, el mismo debe ser desestimado.
Los Dres. Martínez Prieto y Villalba
Fernández manifestaron: Adherirse al voto en idéntico sentido.
2ª cuestión: La Dra. Buongermini
Palumbo dijo: Por la sentencia apelada N° 712 de fecha 7 de agosto de 2009 el a
quo resolvió: "1. Tener por confeso a los Sres. Constancio Rafael
Marcelino Martínez y, Herminio Martínez Benítez, a tenor del pliego de posiciones
presentado en autos. 2. Hacer lugar, parcialmente, a la demanda promovida por
los Sres. Constancio Rafael Marcelino Martínez Benítez y Herminio Felipe
Martínez Benítez contra Nilsa Flecha Vda. de Martínez, por petición de
herencia, por los fundamentos expuestos y con el alcance expuesto en el exordio
de la presente resolución. 3. Imponer las costas del proceso en la forma
expuesta en el exordio de la presente resolución. Anotar…" (sic) (fs.
693).
De dicha sentencia recurre la
representante de la parte actora presentando su escrito de expresión de
agravios, que obra a fs. 697/704. Se agravia de lo resuelto en la instancia
inferior manifestando que ante la sentencia de reconocimiento de matrimonio
aparente la vocación hereditaria es necesariamente concurrente, por lo que
íntegramente tuvo que haberse hecho lugar a la demanda, con costas, dado que el
allanamiento no fue total. Dicho reclamo también responde a la reconocida
calidad de herederos de sus representados. En el mismo sentido, sostiene que no
debió rechazarse parcialmente la acción por las cuestiones de las que su parte
ha formulado reserva. Más adelante se agravia de la porción hereditaria
establecida por la jueza sobre las mejoras construidas en el inmueble de
dominio municipal al considerar que son un bien ganancial, sin embargo, alega,
que las mejoras constituyen un bien propio del Sr. Felipe Martínez, razón por
la que la porción hereditaria correspondiente debe ser mayor. En cuanto al
rechazo de la adjudicación total de las pensiones que percibe la Sra. Nilsa
Flecha del I.P.S. y el Ministerio de Hacienda, señala, que dicha pretensión fue
simplemente formulada como expresa reserva a resultas del juicio de nulidad de
matrimonio. Y afirma que los hijos mayores de edad no tienen derecho a percibir
tales pensiones, pero que corresponde su restitución total a las instituciones
respectivas. Finalmente manifiesta que corresponde revocar el apartado segundo
y tercero de la sentencia recurrida, haciendo lugar a la demanda, con costas.
El representante convencional de la
demandada contesta dichos agravios en su escrito obrante a fs. 705/707
manifestando que lo resuelto por el a quo se ajusta a derecho en razón de que
las peticiones de la parte recurrente solo han prosperado parcialmente, y las
costas impuestas conforme a lo resuelto. Señala que la calidad de herederos de
los peticionantes no ha sido cuestionada en ninguna parte del proceso, además
de haberse allanado a la petición sobre las mejoras del inmueble que son parte
del acervo hereditario. En cuanto a las demás peticiones expresa que ya han
sido cosa juzgada en virtud del AI Nº 1030 de fecha 12 de diciembre de 2007
dictado por este Tribunal de Alzada. Más adelante aclara que su parte en ningún
momento ha sostenido que las mejoras construidas en el inmueble municipal sean
propias del causante. Por último, solicita que la sentencia apelada sea
confirmada.
Se discute en autos una demanda sobre
petición de herencia incoada por los hijos del causante de una sucesión en
contra de la que fuera concubina del mismo. Precisamente lo que se debate,
además de la calidad de concubina supérstite -discusión correspondiente a otro
proceso, como veremos más adelante- que fue reconocida judicialmente a la Sra.
Nilsa Flecha, es la porción hereditaria correspondiente a cada litigante.
La presente acción de petición de
herencia nace del juicio sucesorio del Sr. Felipe Martínez Sánchez, el cual,
según las instrumentales agregadas a estos autos y los propios relatos de la
actora, fue iniciado por la Sra. Juana Ramona Martínez Benítez, hermana de los
demandantes. Ésta fue primariamente reconocida como heredera del causante (fs.
69). Luego la Sra. Nilsa Flecha demandó a la sucesión del causante por
reconocimiento de matrimonio de hecho, que desembocó en el reconocimiento
judicial del concubinato de aquélla con el finado (fs. 13/14) y su consecuente
declaración, en el sucesorio, como heredera forzosa del mismo (fs. 15).
Posteriormente intervinieron los Sres. Constancio y Herminio Martínez Benítez
en la mentada sucesión, siendo también reconocidos como herederos forzosos de
su padre (fs. 12). Tras las citadas resoluciones y la situación hereditaria de
los interventores en el juicio sucesorio, los Sres. Constancio y Herminio
Martínez promovieron tanto la nulidad del matrimonio de hecho mencionada más
arriba, así como la presente petición de herencia, ambas en contra de la Sra.
Nilsa Flecha.
De lo antedicho recientemente se
desprende que los juicios de sucesión, de reconocimiento de matrimonio
aparente, de nulidad de matrimonio aparente y el de petición de herencia se
encuentran directamente relacionados entre el, ya que a pesar de ser procesos
distintos con pretensiones diferentes, todos mantienen no solo la conexidad
fáctica, es decir, versan sobre los mismos hechos, sino además las pretensiones
se basan en calidades de derecho que son dependientes unas de otras. Por ello,
lo resuelto en uno y otro juicio tiene estrecha vinculación e influencia en el
presente debate. Además, esta situación se hace obvia al advertir que el
reconocimiento de matrimonio de hecho fue iniciado contra el propio sucesorio,
lo que notoriamente demuestra su vinculación. Del juicio de nulidad de
matrimonio, por su parte, se debe entender que fue iniciado a los efectos de
anular la sentencia dictada en la causa donde el concubinato obtuvo un
reconocimiento judicial. La petición de herencia, al formar parte del sucesorio
del causante cuyo concubinato anterior se declaró, presupone un juicio
sucesorio anterior.
Habiendo esclarecido el entorno
procesal del litigio que nos compete, nos avocaremos al mismo.
La petición de herencia se encuentra
definida y regulada en el Cap. III del Libro Quinto del Código Civil. Ésta
consiste en la acción iniciada para obtener el reconocimiento de la calidad del
heredero y para reclamar consiguientemente los bienes de la herencia detentados
por quien los tiene a título de sucesor del causante (art. 2510). La acción
procede contra el declarado heredero, con la posibilidad de optar por dos
propósitos distintos, bien para excluir al heredero de la sucesión justificando
un mejor derecho o para ser reconocido como coheredero (art. 2511). Vemos,
pues, que la acción puede ser intentada invocando dos situaciones distintas,
vocación concurrente o vocación excluyente. En la primera el sujeto activo o
demandante pretende adquirir la porción hereditaria que la corresponde por la
calidad de sucesor que ostenta, aunque como coheredero con el sujeto pasivo. En
ese caso el accionante exige a la demandada la cuota hereditaria que la Ley le
otorga para adjudicarse los bienes del causante. En la segunda hipótesis en
cambio, el sujeto activo invoca un mejor derecho sobre el demandado para
obtener la totalidad del acervo hereditario, excluyéndolo de la pluralidad de
sucesores; es la llamada vocación excluyente. Es el caso dispuesto en el art.
2575, en el que los parientes más cercanos excluyen a los más remotos.
La precedente distinción alude a la
expresión de agravios vertida por la parte apelante, quien adujo que la
inferior, debió hacer lugar íntegramente a sus pretensiones, y no de manera
parcial, puesto que ante la sentencia en el juicio de reconocimiento de
matrimonio aparente, la vocación hereditaria de sus mandantes es necesariamente
concurrente. Alega implícitamente entonces, que el a quo erró, al considerar la
vocación de sus mandantes como excluyente respecto de la demandada.
Primeramente lo que debemos determinar
es ante qué hipótesis vocacional nos encontramos, la concurrente o excluyente.
Para establecer la vocación invocada
por los demandantes debemos remitirnos al escrito de promoción de la demanda, a
fin de esclarecer sus pretensiones. De la lectura de la citada presentación
constatamos que los demandantes reclaman la parte de la herencia que les
corresponde como hijos legítimos del causante, expresamente mencionando su
vocación concurrente (fs. 104, párr. 3º). Con esto queda clara la intención de
los accionantes en adquirir el porcentaje legal que les corresponde, en
conjunto con la Sra. Nilsa Flecha. Lo que podría derivar en confusiones, sin
embargo, es la reserva expresa que manifiestan los demandantes en accionar
sobre la totalidad de los bienes, una vez resuelto el juicio de nulidad de
matrimonio aparente también promovido por ellos. Aún así, en principio, el
carácter vocacional aparenta ser concurrente.
Ahora bien, la complejidad de la
cuestión nace del contexto en el que se inserta el presente proceso judicial.
Como lo señala la propia parte actora al promover la demanda, la calidad de
concubina -y heredera- de la Sra. Nilsa Flecha fue impugnada, tras la alegación
sobre la falsedad de dicha unión. En efecto, y tal como lo mencionamos más
arriba, el litigio que nos compete, se encuentra vinculado ciertamente con la
acción de nulidad de matrimonio de hecho iniciada por los demandantes contra la
Sra. Nilsa Flecha, específicamente contra la sentencia que reconoció la unión
de hecho de ésta con el causante de la sucesión. Dicha relación responde a que
lo resuelto en ese proceso determina el carácter hereditario o no de la Sra.
Nilsa Flecha, confirmando lo resuelto en la acción de reconocimiento, o bien
anulándolo. Así también lo entendió la agente fiscal interviniente en estos
autos. En primera instancia en su Dictamen Nº 1478 de fs. 689 la misma
recomienda considerar el juicio de nulidad de matrimonio aparente, el cual
determinaría la porción de cada heredero, y, en esta instancia en su Dictamen
Nº 247 de fs. 708 también aconseja a este Tribunal atenerse primeramente a lo
resuelto en el juicio citado.
Por todo lo expuesto, resulta obvio que
en tren de resolver la cuestión vocacional debemos atenernos a lo resuelto en
la acción de nulidad, cuya resolución fue objeto de recursos de apelación y
nulidad ante este mismo Tribunal. En efecto, por el Ac. y Sent. N° 101 de fecha
5 de octubre de 2010 este Tribunal se expidió sobro la sentencia definitiva
dictada en el juicio caratulado: "Constancio Rafael Marcelino Martínez y
otros c. Nilsa Flecha s/ Nulidad de matrimonio". En aquél , se resolvió
confirmar lo resuelto por la inferior, es decir, se confirmo? el rechazo de las
pretensiones de la parte demandada referentes a la nulidad de la SD Nº 1270 de
fecha 13 de noviembre de 2001 que reconoció el concubinato de la Sra. Nilsa
Flecha. Consecuentemente, y puesto que la resolución dictada en esta instancia
ha quedado firme, la actual vocación hereditaria de la demandada deviene
irrefutable.
Todo lo hasta aquí expuesto nos lleva a
concluir que la vocación hereditaria de los Sres. Constancio y Herminio
Martínez Benítez es concurrente y no excluyente respecto de la Sra. Nilsa Flecha.
Ahora proseguiremos con el estudio en
cuanto a la porción hereditaria que corresponde a cada parte litigante sobre el
acervo hereditario, la cual también ha sido objeto de agravios por parte de la
recurrente.
Los agravios de la apelante respecto de
la porción hereditaria establecida por la jueza inferior se centran
primordialmente en los derechos y acciones sobre las mejoras construidas en el
inmueble de dominio municipal individualizado como Finca Nº 8181 con la Cta.
Cte. Ctral. Nº 14-591-02.
Cabe señalar en forma preliminar,
meramente obiter, que si bien dentro de los agravios vertidos por la recurrente
se hace alusión a la adjudicación de las pensiones del I.P.S. y el Ministerio
de Hacienda, y ello fue objeto de resolución por parte del a quo, únicamente
nos concentraremos en las mejoras del citado inmueble, en vista de que lo
relativo a dichas pensiones ya ha sido objeto de tratamiento en sede de
nulidad.
La discusión sobre la porción
hereditaria correspondiente a cada heredero litigante -hijos y cónyuge
supérstite- encuentra sustento legal en el Código Civil, así como en la Ley N°
1/92, que parcialmente lo reforma. El primero, en cuanto a los descendientes,
dispone en su art. 1583 que los hijos del causante hereden en partes iguales
sobre los bienes propios del mismo. El carácter concubinal de la Sra. Nilsa
Flecha por su parte, trae aparejado el necesario estudio de algunas cuestiones
referentes al bien pretendido. La Ley Nº 1/92 en su art. 84 establece la
creación de una comunidad de bienes gananciales tras cuatro años consecutivos
de duración de una unión de hecho. Y agrega también que dicha comunidad podría
disolverse por causa de muerte, en cuyo caso debería de distribuirse los
gananciales entre el sobreviviente y los herederos del otro, por mitades. Lo
único que quedaría indefinido así seria si la concubina supérstite participa en
la herencia de los bienes propios del causante o no. La solución la encontramos
en la misma Ley modificatoria del CC en su art. 91, el que establece que la
concubina, además de obtener la mitad de los gananciales, concurrirá con los
hijos en igualdad de condiciones si el causante tuviere bienes propios. En
resumen, de las aludidas normas podemos inferir que el debate en cuestión
ofrece dos soluciones posibles supeditadas al tipo de bien que se pretende
dividir, sea propio del causante o ganancial. En el primer supuesto, como vimos
anteriormente, partiríamos el bien en partes iguales entre los herederos. Es el
segundo supuesto, si el bien es ganancial, deberíamos distribuirlo en mitades,
una a la concubina y la otra a los hijos del causante.
Es importante aclarar que la porción
hereditaria -exigible y- correspondiente a cada heredero, no sólo depende del
tipo de bien a ser particionado, sino que también se encuentra vinculada al
carácter vocacional de los sucesores. Es decir, ya como lo dejamos sentado más
arriba, el carácter concurrente de los demandantes supone un conjunto de
herederos que tienen derechos sobre el acervo hereditario, en el porcentaje que
le atribuye la Ley, de acuerdo con el parentesco respecto del causante
(ascendiente, descendiente, cónyuge, etc.) y de conformidad con lo dispuesto en
el Título V del Libro Quinto del Código Civil que regula las sucesiones
infestadas. Considerando entonces los diversos factores que inciden en la
porción adjudicable pasamos a analizar nuevamente el caso que nos compete.
Ciertamente vemos que el litigio incluye tres herederos, dos descendientes del
causante, sus hijos, y la concubina del mismo. Tal como lo expresamos recientemente,
el carácter vocacional concurrente de los tres herederos Limita el derecho
hereditario de cada uno, lo que también obviamente limitaría la porción
exigible y por ende discutible dentro del juicio. A partir de aquí el tipo de
bien a ser particionado si adquiere mayor relevancia. En efecto, y como ya lo
hemos anticipado en el estudio de la Ley Nº 1/92, si adjudicáramos un bien
propio, tanto la concubina supérstite como los hijos adquirirían el bien en
partes iguales, y consecuentemente la porción exigible por los hijos
-demandantes- seria su porcentaje correspondiente por Ley. Sin embargo, si se
tratase de un bien ganancial, no hay propiamente una vocación hereditaria en la
concubina por efectos del deceso y la disolución de la misma, con la
consiguiente adjudicación, la cual alcanzaría al 50 % del bien ganancial en
favor de la concubina, y la única parte sujeta a sucesión mortis causa exigible
por los hijos recaería sobre el 50 % restante.
En este orden de cosas, el próximo paso
es determinar qué tipo de bien constituyen las mejoras reclamadas. Al respecto,
la mentada Ley N° 1/92 establece como regla general la de la presunción
ganancial; es decir, se presumen gananciales todos los bienes al terminar la
comunidad -en este caso la muerte el Sr. Felipe Martínez-, salvo prueba en
contrario. En consecuencia, debemos partir de la base presuntiva dispuesta en
el art. 36, y dicha suposición quedaría vigente, a menos que se haya probado lo
contrario.
Para descartar la presunción dispuesta
por la Ley, lo que se debió demostrar en autos es que el bien pretendido se
encuadra dentro de alguno de los incisos puntualizados en el art. 31 de la
susodicha norma, la cual reviste un carácter taxativo, y especifica que bienes
son propios de cada cónyuge. Entre ellos se citan los ya adquiridos antes de
contraer matrimonio -en nuestro caso al tiempo de iniciar la vida en conjunto-,
los adquiridos por herencia, legado, donación u otro título gratuito, los
derechos de autor, las indemnizaciones por daños sufridos en un bien propio, etc.
Por tanto, nos remitiremos al material probatorio agregado en autos para así
determinar si realmente se ha demostrado que las mejoras introducidas en el
inmueble municipal consisten en un bien propio del Sr. Felipe Martínez, o en un
bien común de ambos cónyuges.
Tras la revisión y el análisis de las
constancias de estos autos, concluimos que no se ha agregado prueba suficiente
que demuestre que el bien adquirido por el Sr. Felipe Martínez le pertenece
exclusivamente y es un bien propio del mismo. No se ha demostrado
fehacientemente que el aludido bien se configura dentro de alguno de los
citados del art. 31 de la Ley N° 1/92. Por el contrario, amén de ello, del acta
de manifestación agregada a fs. 144 por la propia parte actora se desprende que
la compra de las mejoras del inmueble en cuestión se ha realizado en fecha 21
de febrero de 1997, es decir, con posterioridad al inicio de la unión de hecho,
como ya este mismo Tribunal ha establecido en el juicio de nulidad. De esta
manera la presunción general sobre la ganancialidad del bien viene confirmada,
por la circunstancia de que ha sido adquirido durante el concubinato.
En consecuencia, al revestir el bien un
carácter ganancial, y tras la cesión otorgada por parte de la hermana de los
demandantes Sra. Ramona Martínez a la Sra. Nilsa Flecha sobre de los derechos y
acciones que le corresponden en la sucesión de su padre, debemos concluir que
la porción hereditaria resuelta por el a quo y atribuida a las partes se
encuentra ajustada a derecho.
Ahora en cuanto a las costas, como las
mismas también han sido objeto de agravios debemos estudiar el razonamiento de
la inferior al respecto. La misma adopto? la solución de imponer las costas en
un 66,66 % a la parte actora y en un 33,33 % a la demandada. Éstos en función a
los porcentajes en que el bien fue particionado a las partes, 66,66 % a la Sra.
Nilsa Flecha -50 % como concubina más el 16,66 % en carácter de cesionaria de
la hermana de los demandantes y también coheredera- y 33,33 % a los accionantes
-16,66 % a cada uno-. Todo ello, entendiendo que la pretensión total global de
la parte demandante fue acogida únicamente en un 33,33 %. Consideramos tal
solución desacertada puesto que la pretensión de los demandantes fue objeto de
allanamiento por parte de la demanda, quien en su escrito de contestación del
traslado ofrece ceder el 50 % del valor de las mejoras introducidas en el
inmueble municipal (fs. 138, párr. 3º), lo cual importa un porcentaje mayor que
el pretendido por los demandantes. Ello, si hubiese sido aceptado por la parte
demandante, hubiese dado fin al litigio y exoneraría de las costas a la
demandada. Sin embargo, al contestar nuevamente el traslado de dicho
allanamiento, los demandantes lo rechazan. Esta actitud obligó a las partes a
seguir litigando para dirimir la controversia. Finalmente ambas parten
solicitan la condenación en costas. El posicionamiento subjetivo de las partes
respecto del litigio es, sin duda, una circunstancia que la Ley toma en cuenta
para la atribución de costas, según surge claramente del art. 198 del CPC. De
modo que no puede cargarse a la demandada con las costas de la pretensión que
en principio admitió. Si bien es cierto que la demanda de petición de herencia
se debió a la omisión de declaración de la existencia de los restantes
herederos cumplimiento de la obligación de denuncia impuesta por el art. 732
del CPC, no podría atribuirse la imputación subjetiva de las costas sobre la
base de esta omisión, ya que la concubina bien puede no haber conocido de su
existencia, al no tratarse de hijos propios; distinta es la situación de la
hermana coheredera, quien no puede haber ignorado que tenía otros hermanos
-salvo circunstancias excepcionales debidamente probadas-. Por todo ello,
consecuentemente, corresponde imponer las costas en el orden causado.
Los Dres. Martínez Prieto y Villalba
Fernández manifestaron: Adherirse al voto en idéntico sentido.
Por el mérito que ofrece el acuerdo
precedente y sus fundamentos, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial,
tercera sala. Resuelve: Desestimar el recurso de nulidad interpuesto por la
actora. Confirmar la sentencia apelada. Imponer las costas en el orden causado.
Anótese, regístrese, y remítase copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.- María
Mercedes Buongermini Palumbo.- Arnaldo Martínez Prieto.- Neri E. Villalba
Fernández.- Sec.: Pablo Costantini.-
OBJETO: ANULAR INSTITUCION DE HEREDERO TESTAMENTARIO.
PETICIONAR HERENCIA.
SEÑOR. JUEZ:
Sofia
Spatti, por mis propios derechos y bajo patrocinio del Abogado Rafael
Heideberg, con Mat. 25.879, constituyendo domicilio real en Senador Long 865 y
domicilio a los efectos procesales en
Dr. Hassler 2345, ambos de ésta ciudad capital, a V.E. respetuosamente
digo:
Que por el presente escrito vengo
ante este Juzgado a solicitar anulación de institución de heredero y a su vez
peticionar herencia, en base a las consideraciones de hecho y derecho que
seguidamente paso a
exponer.----------------------------------------------------------------------------------------------------
HECHOS
Que, en el año 2009, se produjo el
fallecimiento de mi hija, Stefanía Spatti, según acta de defunción que adjunto
a esta presentación. Que, la misma contrajo matrimonio en la ciudad de Asunción
bajo el régimen de Comunidad de Gananciales en el año 1990 con el Sr. Giuliano
Antoni.--------------------------
En el año 2010, el Sr. Antoni inició proceso sucesorio, en
base al testamento librado por instrumento público redactado en Italia por mi
hija, Stefanía Spatti.------------------------------------------
Que, en base al mismo, el Sr. Antoni
fue instituido como único heredero, adjudicándose todos los bienes situados en
el Paraguay en el mes de marzo de 2011.------------------------------------------------
Que, como ascendiente de Stefanía
Spatti, me presento a reclamar derechos que me corresponden en tal virtud,
solicitando se anule la institución como único heredero del Sr. Antoni y se me
reconozca como coheredera con derecho a peticionar la herencia.------------------------------------------------------------
ANULACION DE INSTITUCION DE HEREDERO
Que, al haber contraído matrimonio
bajo el régimen patrimonial de Comunidad de Bienes Gananciales con mi hija
Stefanía Spatti, causante de esta sucesión, poseo el derecho a solicitar la
anulación de dicha institución, ya que como heredera forzosa de la misma, me
corresponde el 50% de los bienes gananciales que le corresponderían a mi hija,
en su matrimonio con el Sr. Antoni.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La institución del Señor Antoni como único heredero de la
causante, no es válida, ya que se ha producido mi preterición u omisión como
heredera forzosa de Stefanía Spatti.
Nuestro Código Civil ampara los casos en que se produce la preterición
de un heredero forzoso, pudiendo ser anulada la institución del heredero.---------------------------------------------------------------------------------------------------
En base a lo manifestado solicito la anulación de la
disposición testamentaria a favor del Sr. Giuliano Antoni, a fin de que deje
sin efecto las adjudicaciones de los inmuebles que se encuentran en posesión
del mismo.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCION DE PETICION DE HERENCIA.
Una
vez hecho lugar a mi petición de anulación de
la institución de heredero, solicito
a V. E, la acción de petición de herencia, reconociéndome como
coheredera, con iguales derechos que el Sr. Antoni, a fin de que los bienes que
se encuentran en posesión del mismo y que me corresponden como heredera forzosa
de Stefanía Spatti me sean adjudicados de acuerdo a lo establecido en nuestra
legislación.----------
Que es por eso que vengo a promover Acción de Petición de
Herencia en la sucesión de mi hija, la Sra. Stefanía Spatti a los efectos de
que se me adjudique la parte que legítimamente me pertenece como coheredera, y
que desde ya denuncio: el bien inmueble
individualizado como finca N° 18189 del
distrito de San Roque bajo el folio N° 73
del año 1991 con cuenta catastral N° 62-0765-4568-11, inmueble
individualizado como finca Nº 23645 del Distrito de Villa Morra, bajo el folio
Nº 54 del año 1987 con cuenta corriente catastral Nº 753-159-45
y por último el inmueble individualizado como finca Nº 65489 del
Distrito de La Esmeralda.-------------------------------------------------------------------------------
MEDIDA CAUTELAR-ANOTACIÓN DE LITIS.
Se
sirva decretar la anotación de litis sobre los inmuebles citados, bajo mi
caución personal.-----------------
DERECHO
Fundo
mis derechos en los artículos 2878 y siguientes, 2681, 2588 y 2510 al 2515del
CC aplicables y concordantes con el CPC.----------------------------------------------------------------------------------
PETITORIO:
1.-
Tener por presentada a la recurrente en el carácter invocado y por constituido su domicilio en el lugar
señalado.---------------------------------------------------------------------------------------------------
2.-
Previa autenticación por el Actuario, ordénese la devolución de los documentos
originales presentados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.-
Dar intervención al Ministerio Público y correr traslado de la demanda y de los
documentos presentados.------------------------------------------------------------------------------------------------
4.-
Decretar la anotación de la litis sobre los inmuebles individualizados.-------------------------------------
5-
Oportunamente y previo los trámites de rigor, provea favorablemente a la petición
de anulación de institución de heredero.-------------------------------------------------------------------------------------
6.-
Oportunamente y previo los trámites de rigor, provea favorablemente a la
petición de herencia realizada y en consecuencia ordene que se me adjudique la
parte de los Bienes Inmuebles que detenta el Sr. Giuliano Antoni en la
actualidad por corresponder así en derecho. Costas a la perdidosa.----------------------------
PROVEER DE CONFORMIDAD Y SERA JUSTICIA.-
CONCLUSION
Respecto
de lo anteriormente expresado en todos los puntos, cabe resaltar simplemente
las determinadas situaciones en las cuales un proceso sucesorio puede
determinarse, es decir, el mismo posee un carácter mixto, innovando así la
forma de aplicación del libro atinente a Sucesiones, en el sentido que tiene un
carácter mixto, ya que el mismo no solo legisla de fondo, sino también de
forma, dicho de otra manera, no solo define las figuras jurídicas y todo lo que
ello conlleva, sino también establece el procedimiento que se va a aplicar,
ante que situaciones o sujetos y en qué momento, a los efectos de legislar de
manera íntegra, entendiéndose de esta forma como el hecho de no dejar vacíos
legales y la posibilidad de complementar determinadas figuras en un solo libro
y los diversos planteamientos al respecto. En torno a las cuestiones
planteadas, las mismas se encuentran evacuadas punto por punto en el análisis
jurídico, de tal manera que se solucionan de forma práctica y rápida, desde un
primer momento y con bases sólidas mencionadas, no solo en nuestra legislación
sino también en las extranjeras, más aún teniendo en cuenta que el rigen
disposiciones extranjeras en el presente caso.
BIBLIOGRAFIA
·
MARTÍNEZ, Eladio Wilfrido. Derecho
Sucesorio en la legislación Paraguaya. Ed. La Ley. 3ra edición.
·
PÉREZ LASALA, José Luis; MEDINA,
Graciela. Acciones Judiciales en el Derecho Sucesorio. Ed. Depalma.
·
Ley Nº 1337/1988 – Código Procesal
Civil.
·
Ley Nº 1183/1985 – Código Civil.
·
Código Civil Italiano de 1942,
Libro Segundo, De las Sucesiones.
·
www.laleyonline.com.py
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